El Festival de Cortometrajes San Rafael en Corto que tiene lugar en el Teatro Víctor Jara de Vecindario, proyectará el día 10 de noviembre, a partir de las 19:00 horas, un total de 17 trabajos, entre los que sobresalen el dirigido por el madrileño Salvador Calvo, ‘Maras. Ver, oír y callar’, un dramático relato de 23 minutos sobre la violencia ejercida por estas tribus pandilleras sin control en El Salvador, Honduras y Guatemala, que arrojan una media de 29 asesinatos al día frente a los 0,6 que se producen en España. A las 20:30 horas se exhibe este corto que estuvo nominado como Mejor Cortometraje de Ficción en los Goya de 2020, y se producirá un coloquio en el que intervendrá Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado en Canarias, entidad que se ha ocupado en nuestro país de prestar ayuda a cientos de personas que han huido de estos tres países centroamericanos porque su vida estaba en peligro al negarse a pagar el denominado el ‘impuesto de guerra’ que imponen las maras. Todos los personajes, de este corto cuyos nombres son ficticios pero sus experiencias muy reales, se encuentran actualmente en España. Algunos han logrado asilo político, otros lo han solicitado y aún no tienen la confirmación.

Además, el certamen propone al público un programa que incluye en su primera parte la proyección, a las 19:00 horas, de once cortometrajes producidos en Canarias, buena parte de ellos dirigidos por mujeres, como Alejandra Henríquez, Carmen Delia León, Dácil de la Guardia, Jalisse Walraet o Fátima Luzardo. En la segunda parte se proyectarán algunos de los trabajos internacionales que ha recibido este año la Asociación Cultural Gran Angular, entidad organizadora de SREC, procedentes de Francia, México, Argentina, Perú y Chile.

El certamen que impulsa la Asociación Canaria Gran Angular con el patrocinio de la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario y el ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, se desarrollará hasta el día 12 del presente mes bajo el lema ‘Cine y Derechos Humanos’, teniendo como sede el Teatro Víctor Jara de Vecindario.

Las maras: violencia, muerte, extorsión…

No existen datos fiables del número de violaciones que pueden cometer las maras, pero se sabe que el carácter fuertemente machista de las pandillas se expresa en un odio particularmente violento contra las mujeres, las niñas y las personas LGTB. En los últimos años se ha intensificado el reclutamiento de niños por parte de las maras de 11 y 12 años. En algunas maras sus candidatos a ingresar deben recibir una paliza de los otros miembros o pasar la prueba de matar a una persona, así como las mujeres que quieran integrar sus filas son obligadas a sufrir violaciones colectivas.

El silencio es otra de las herramientas de supervivencia en los países mencionados en los que estas pandillas organizadas muy violentas que controlan y dominan los barrios, llegan a gobernarlos a base de amenazas, extorsión y tiros. Se financian principalmente con la extorsión económica de sus víctimas, incluso ordenada por teléfono por miembros de las maras encarcelados, pero también con el robo, el secuestro, la trata de personas, el narcotráfico, el sicariato y la venta y distribución de armas. Ejercen además altísimos niveles de control social sobre la población de sus territorios mediante amenazas y violencia y tienen capacidad para influenciar la vida política.

La mara Salvatrucha y la Barrio 18 (presentes en los tres países centroamericanos) son de las más violentas y salvajes. La vida en El Salvador, Honduras o Guatemala -el triángulo norte de Centroamérica-, se pasa buena parte del tiempo pensando fórmulas para no acabar muerto. El Salvador tiene actualmente la mayor tasa de homicidios del mundo (60 muertes violentas por cada 100.000 habitantes), en torno a los 5.000 asesinados al año, cifras similares a los de un conflicto armado.

CEAR considera que las víctimas de maras son objeto de persecución según la actual Ley de Asilo española, ya que sufren en muchas ocasiones violaciones grave de los derechos fundamentales y no pueden recurrir a una protección eficaz por parte de las autoridades.